VPO

El Ayuntamiento de Sevilla ha facultado a Emvisesa para ejercer el derecho de tanteo y retracto en la venta de Viviendas de Protección Oficial (VPO). Los propietarios de estas viviendas están obligados a comunicar a la empresa municipal su intención de vender el inmueble. Una vez recibida la notificación, Emvisesa tendrá un plazo de diez días para informar a la delegación territorial si...

El solar de Chapina, en Triana, Sevilla, estaba reservado por décadas para equipamientos sociales (SIPS), como clínicas o centros educativos, pero no llegó a ser rentabilizado.  Un cambio legislativo permitió a los ayuntamientos reutilizar terrenos destinados a equipamientos para construir viviendas protegidas, incluyendo la parcela de Chapina.  La parcela fue adquirida por el grupo...

La Diputación de Sevilla ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para abordar la crisis de la vivienda en la región. Con una inversión de 70 millones de euros, se construirán 1.200 viviendas protegidas en 37 municipios, apostando por alquileres asequibles (350 euros al mes) y ventas con un precio máximo de 115.000 euros. Además, se desarrolla el gran proyecto de Cortijo de Cuarto, que incluirá...

El mercado de la vivienda en España atraviesa un momento de incertidumbre. La alta demanda de compradores y arrendatarios, unida a la escasa oferta, está elevando los precios hasta niveles que en algunas ciudades se acercan a los previos a la crisis del ladrillo de 2008. Ante este panorama, los gobiernos, tanto central como autonómicos, impulsan medidas para aliviar la tensión del mercado. Entre las...

Empresa y proyecto: MLF, controlada por Grupo México, inicia la selección de personal para la construcción de la mina en Aznalcóllar, con obras empezando en 2026. Contrataciones iniciales: Publican ofertas para ingenieros y perfiles técnicos (15 puestos iniciales), buscando transición de estructura de proyecto a empresa. Empleo total: Generará 1.200 empleos directos y 800 inducidos, con...

La nueva Ley de Vivienda, cuyo proyecto recoge el Boletín Oficial del Parlamento para su tramitación, recoge medidas específicas contra este fenómeno: los okupas no podrán solicitar una Vivienda de Protección Oficial (VPO) en cinco años.«No podrán ser adjudicatarias de una vivienda de promoción pública o social, en venta, las personas que en los cinco años anteriores al procedimiento de selección hayan sido condenadas, en sentencia firme, como autores de los delitos de allanamiento de morada con mantenimiento en la misma contra la voluntad de su morador o usurpación de vivienda» o «se haya emitido contra ellas resolución administrativa firme que ordene la recuperación y/o desahucio administrativo por ocupación sin título de otra vivienda de titularidad pública ubicada en el mismo municipio», recoge la normativa andaluza, cuya aprobación se tramitará por vía de urgencia para que esté antes de este año