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El mercado de la vivienda en España atraviesa un momento de incertidumbre. La alta demanda de compradores y arrendatarios, unida a la escasa oferta, está elevando los precios hasta niveles que en algunas ciudades se acercan a los previos a la crisis del ladrillo de 2008. Ante este panorama, los gobiernos, tanto central como autonómicos, impulsan medidas para aliviar la tensión del mercado. Entre las más solicitadas se encuentra la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). Según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, entre enero y junio el número de calificaciones definitivas de VPO creció un 22,7% interanual, alcanzando las 5.843 unidades.
Este volumen de promociones convierte al primer semestre de 2025 en el mejor desde 2014. Aun así, pese al repunte reciente, el acumulado sigue por debajo de diciembre de 2012, cuando se registraron más de 7.000 viviendas protegidas. En cuanto a su destino, más de la mitad de las promociones se dedican al alquiler, con 2.999 unidades en la primera mitad del año. El resto se reparte entre propiedad (2.138 unidades), alquiler con opción a compra (sin registros este semestre) y otros regímenes como la cesión en planes público-privados (661 unidades).
Los datos del Ministerio, que abarcan de 2014 a junio pasado, muestran que el promedio mensual de VPO destinadas a la venta fue de 497 unidades, mientras que las de alquiler apenas alcanzaban 153. Sin embargo, en 2025 la tendencia cambia: en los primeros seis meses se han calificado unas 500 viviendas protegidas para alquilar de media al mes, muy por encima de años anteriores.
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