VPO

La nueva Ley de Vivienda, cuyo proyecto recoge el Boletín Oficial del Parlamento para su tramitación, recoge medidas específicas contra este fenómeno: los okupas no podrán solicitar una Vivienda de Protección Oficial (VPO) en cinco años.«No podrán ser adjudicatarias de una vivienda de promoción pública o social, en venta, las personas que en los cinco años anteriores al procedimiento de selección hayan sido condenadas, en sentencia firme, como autores de los delitos de allanamiento de morada con mantenimiento en la misma contra la voluntad de su morador o usurpación de vivienda» o «se haya emitido contra ellas resolución administrativa firme que ordene la recuperación y/o desahucio administrativo por ocupación sin título de otra vivienda de titularidad pública ubicada en el mismo municipio», recoge la normativa andaluza, cuya aprobación se tramitará por vía de urgencia para que esté antes de este año